lunes, 2 de mayo de 2011

Sobre Seguridad Nacional de Carlos Fazio


Buenísimo el artículo de Carlos Fazio sobre la iniciativa totalitaria :

Sobre Seguridad Nacional
Carlos Fazio
L

a esencia de la contrarreforma en materia de seguridad nacional que la semana pasada entró en la congeladora legislativa es la pretendida reglamentación y/o normalización del régimen de excepción y el estado de inseguridad radical instaurado el 1º de diciembre de 2006. Desde entonces, la democraciaen pie de guerra de Felipe Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de la vida nacional. El riesgo latente, ahora, es que del Estado autoritario conservador construido durante los gobiernos del Partido Acción Nacional se pase a un régimen cívico-militar legalizado, subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo en abril de 2009 encarnaba una peligrosa militarización de la sociedad, con la consiguiente politización de las fuerzas armadas con base en el secreto y el mantenimiento del fuero de guerra. A partir de una rocambolesca teoría de los grises sobre guerra y paz, dicha iniciativa, profundizada ahora por aliados priístas, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y la Marina las funciones de Ministerio Público, con el riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano.

A su vez, se busca otorgar al comandante en jefe de las fuerzas armadas un uso discrecional del estamento castrense con fines represivos, sin contrapesos ni controles institucionales (del Congreso, el Ifai, la CNDH, etcétera), lo que de aceptarse significaría el rompimiento del equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Con eje en un pretendido proyecto nacionalencarnado por el Ejecutivo, que lleva a una virtual personificación del Estado en el mandatario de turno, a quien se adjudicaría la preservación de la condición de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (ya no de la nación), se abre las puertas a un régimen dictatorial.

Otra vertiente de la militarización y centralización represiva en el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Seguridad, con base en una declaración de afectación como eufemismo de estado de excepción, es la que busca dotar a los integrantes de las fuerzas armadas de la atribución de solicitar a jueces civiles la autorización de espiar, grabar, registrar e intervenir comunicaciones privadas a cualquier persona o grupo considerados en cualquiera de los 21 supuestos constitutivos de obstáculos a la seguridad nacional que consigna el artículo quinto. En la lista de causas o factores que afectan la seguridad nacional se encuentran delitos ya tipificados en el Código Penal Federal (traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración) y se les agregan otros que exceden el listado y que podrán ser interpretados de forma abusiva dada su formulación ambigua o equívoca.

De aprobarse ese remedo de la Ley Patriótica estadunidense se profundizaría la criminalización de la protesta. En virtud de la interpretación discrecional del Ejecutivo y miembros del consejo, movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social podrían constituir un desafío o unaamenaza a la seguridad nacional. Eso abriría la puerta a un mayor autoritarismo, con la consiguiente afectación de las libertades públicas, civiles y los derechos humanos.

La Ley de Seguridad Nacional tiene como fundamento una doctrina y una ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense es una doctrina militar. Contiene una rigidez completamente militar: es una ciencia de la guerra. Fue concebida en el marco de la guerra de espectro total contra el comunismo y el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria, antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran los objetivos nacionales. Ergo, el interés nacional o proyecto nacional son la finalidad de la guerra y la finalidad de la política, con la absorción de la política por la guerra. En esa perspectiva, no hay razón para que la nación se comporte de manera diferente de las fuerzas armadas. También desaparecen las fronteras entre la guerra y la diplomacia, entre política exterior y política interior, entre la violencia reservada a las fuerzas armadas y la acción no violenta del Estado. Borra la distinción entre violencia preventiva y violencia represiva. La seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Si la Constitución molesta, se cambia.

Cabe recordar que en la guerra sólo cuentan los golpes dados al enemigo (devenido en enemigo interno). Y poco importan los medios empleados, sean represivos, militares o sicológicos. Su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales. Según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. La doctrina de la seguridad nacional tiene amigos y enemigos. Y dado que es un Estado en tiempo de guerra (o de paz relativa, diría Alfonso Navarrete Prida), significa que no es sólo una democracia que hace la guerra, sino una democraciaconcebida en función de la guerra, sea ésta real, virtual o potencial. Así, la finalidad primordial de la nueva institucionalidad consiste en colocar la soberanía popular en manos de los militares.

Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en la iniciativa de Calderón. Sólo que el culto por la (in)seguridad calderonista fue construido para favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El interés nacional sirve para negar o esconder los intereses de clase. Es la envoltura ideológica para ocultar un sistema de dominación y explotación vía las fuerzas armadas. Importada de Estados Unidos e impuesta por el Pentágono, la seguridad nacional de Felipe Calderón busca mantener sin alteraciones el funcionamiento de la economía de mercado y las instituciones de gobierno dadas… haiga sido como haiga sido.







sábado, 30 de abril de 2011

Asalto al laicismo histórico por Héctor Vasconcelos

Asalto al laicismo histórico
Héctor Vasconcelos
L

a visita de Felipe Calderón al Vaticano, para asistir a la beatificación de Juan Pablo II, configura el mayor de los atropellos a un laicismo que, formalmente, es fundamento definitorio de nuestro Estado. Viola flagrantemente la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas que de ella emana. Pero los agravios al Estado laico comenzaron el día mismo en que la derecha, en la persona de Vicente Fox, asumió la Presidencia de la República y han continuado, acrecentados, desde que Calderón fue impuesto por las fuerzas combinadas del conservadurismo.

Si las constituciones vertebran a un país, entonces los documentos de 1857 y 1917 establecieron que la laicidad es consustancial al Estado en México, y no por accidente: al menos dos guerras civiles que desgarraron a la sociedad produjeron un consenso en el sentido de que el laicismo estatal es la mejor garantía para la convivencia y el respeto a los distintos credos y filosofías, incluida la religión católica. Y no olvidemos que la Cámara de Diputados aprobó en febrero de 2010 una reforma al artículo 40 de la Constitución que establece la laicidad como característica esencial de la República. La reforma aguarda ahora la aprobación del Senado. A quien no le guste ese estado de cosas no le queda más que promover una nueva reforma o ¿acaso una nueva guerra civil?

Sucede que la vieja derecha mexicana nunca aceptó los grandes consensos nacionales. Agazapada, esperó la ocasión histórica para tratar de volver a imponer sus dogmas, cosa que el país ya padeció durante los 300 años de la colonia; siglos durante los cuales el territorio y las etnias autóctonas estuvieron bajo la dominación de un reino y una religión extranjeros. Calderón proviene de esa derecha, aunque no ose decir que se opone a la tradición liberal, juarista que fundó al México moderno. Por supuesto, él tiene derecho a creer lo que desee: los liberales sí afirmamos tal libertad. (Cada quien tiene convicciones religiosas o filosóficas acordes con la información y el desarrollo intelectual que posee). Pero en la medida en que se ostenta como presidente de la República no tiene derecho alguno para acudir a Roma –no como individuo, sino en representación de la nación–, dado que ningún jefe de Estado puede despojarse de esa condición en momento alguno de su gestión. Alguien que se presume presidente tendría que representar a todo el país y no sólo a los católicos, aunque éstos sean mayoría. La representación y protección de las minorías es esencial en cualquier definición moderna de democracia. Al acudir al Vaticano, Calderón no representa a los varios millones de mexicanos que practican otros cultos o a aquellos que, como el de la voz, no profesamos religión alguna, pero también somos mexicanos. En realidad va a Roma como (pobre, puesto que ha habido mejores) representante de la reacción mexicana. Como Gutiérrez Estrada acudió a Miramar: en representación de la antipatria. Loscangrejos del siglo XIX han asaltado el poder en el XXI.

Si, como muchos pensamos, Juárez define los parámetros de la mexicanidad, recordemos un pasaje de su vida. En 1857 se negó a asistir, en su calidad de gobernador de Oaxaca, a un Te Deumoficiado en su honor porque “…los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica… porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”. El prócer escribía lo anterior a pesar de que fue creyente durante toda su vida (¿qué otra cosa podría haber sido con los conocimientos disponibles en su época?). Extraordinarias palabras en pleno siglo XIX, cuando más de 99 por ciento de los mexicanos eran católicos y el poderío de la Iglesia sofocaba todos los ámbitos de la vida nacional, a diferencia de hoy, que el porcentaje descendente de católicos es de 83 por ciento.

No es posible soslayar, aunque el tema merezca tratamiento aparte, los aspectos oscuros del personaje objeto de la devoción calderoniana. En contradicción con lo que difunden abrumadoramente las principales televisoras falseando los hechos, su oposición a todas las políticas sociales concebidas para aminorar el sufrimiento –el uso del condón para fines de salud pública, la prevención del nacimiento de hijos no deseados y destinados a la desgracia, la autoridad de la mujer sobre su cuerpo, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la eutanasia– se tradujo en un incremento del dolor humano. Sólo un ejemplo: ¿cuánto sufrimiento físico intolerable hubiera podido evitarse de no ser por prejuicios papales contra la eutanasia? También resulta inmoral no recordar que Juan Pablo II y Joseph Ratzinger contribuyeron durante décadas al encubrimiento de la pedofilia y la drogadicción del delincuente Marcial Maciel. En los hechos, el trayecto vital de Karol Wojtyla contribuyó a incrementar el sufrimiento humano, especialmente en África y América Latina.

En vez de arrogarse la representación nacional en un acto litúrgico, y ante la gravedad de la crisis social, política y moral, Calderón debería preocuparse por demostrarnos que ganó limpiamente la elección de 2006 y que ese supuesto triunfo fue para bien, lo que millones de ciudadanos negamos. Por mucho que rece y aunque se flagelara, no obtendrá el milagro de resolver su ilegitimidad política de origen.





Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2011/04/30/index.php?section=opinion&article=016a1pol

Desfiladero sábado 30 de abril

Desfiladero

Manantiales de sangre contra la guerra

Jaime Avilés
U

no de los aspectos menos conocidos, y más peligrosos, del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que la clase política discutió en estos días, dentro y fuera del Congreso de la Unión, es el que contempla la creación de un consejo de seguridad nacional, integrado por los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación, la PGR y el Cisen –es decir, una junta cívico-militar al estilo sudamericano–, que tendría facultades para ordenar la intervención de las fuerzas armadas en situaciones que a su juicio pudieran poner en peligro la seguridad interior, un privilegio del que también disfrutaría, por su solitaria parte, el titular del Ejecutivo federal cuando le diera la gana.

Los únicos requisitos que tanto la junta como el Ejecutivo estarían obligados a cumplir para que su actuación se considerara legal en este aspecto serían dos: el primero, publicar en el Diario Oficial de la Federación su decisión de enviar tropas al combate en cualquier lugar del país, y el segundo, informar de lo que suceda en el frente de batalla a una comisión formada por senadores y diputados, a más tardar 30 días después del incio de las hostilidades.

Resulta innecesario decir que esta fórmula burocrática para establecer unadictadura constitucional en nuestro país ostenta el sello made in USA. Se trata de un obsequio del gobierno de Hillary Clinton (y de su elegante mayordomo) al régimen espurio de la olinarquíamexicana a través de la Iniciativa Mérida.

Sin embargo, la enjundia y el entusiasmo frenético –y por momentos histérico– que derrocharon los diputados leales a Enrique Peña Nieto para tratar de imponer esta monstruosidad en San Lázaro, dispuestos a pagar por ella cualquier costo político, revela que el gobernador mexiquense trata de convertirse en el hombre clave de Washington en Toluca, y en el candidato de las barras y las estrellas para el año entrante, con pésimos resultados, por fortuna... y por ahora.

Sólo por ahora. Podemos prever, con toda certeza, que en caso de llegar a Los Pinos en 2012, Peña Nieto impulsará nuevamente la aprobación de estas reformas golpistas y dictatoriales, que legalizarían el terrorismo de Estado y convertirían a las fuerzas armadas en policía política.

¿Por qué Peña Nieto apostó su futuro a esta carta? ¿Por qué Humberto Moreira, el dizque líder nacional del PRI, lo respaldó con los ojos cerrados? ¿Por qué Beatriz Paredes tuvo que bajarse al ruedo a pedirles un poco de calma a sus compañeros de partido, preguntándoles a qué obedecían sus prisas, cuando los del PAN, dijo textualmente, ni siquiera se despeinan por esta ley que en teoría les interesa mucho más que se apruebe?

Hay conclusiones evidentes. Hillary Clinton, Carlos Salinas de Gortari y antes que ellos el propio Calderón, saben que en el PAN no hay nadie que pueda competir con éxito en la contienda presidencial de 2012. Como antes, como siempre, necesitan al PRI, para que éste garantice el dominio de la olinarquíanacional y extranjera durante seis años más. En otras palabras, Peña Nieto es ya el candidato de Calderón, y lo seguirá siendo después del próximo 3 de julio si retiene la gubernatura del estado de México. Porque si pierde en su propia cancha ante Alejandro Encinas y las fuerzas que simpatizan con López Obrador, Calderón tendrá que empezar a platicar con Manlio Fabio Beltrones.

Lo cierto, lo inocultable, es que en Estados Unidos y mucho menos acá, quienes mandan y quienes obedecen no pretenden, de ninguna manera, modificar la política económica ni la política social, pero tampoco planean rectificar su supuesta estrategia de guerra –si algún día la tuvieron– contra el narcotráfico.

Todo lo contrario: intentarán mantenerla y profundizarla, para justificar de tal modo la presencia de las fuerzas armadas en las calles, aunque soldados, marinos y policías federales no hayan sido capaces de contener o frenar esta carnicería que ahora nos enseña un rostro nuevo y aun más terrible en lasnarcofosas que se multiplican por todo el norte del país, pero que pronto, no hay por qué dudarlo, aparecerán también en el sur.

Ahora que Calderón y Peña Nieto han exhibido sus intenciones de preservar esta violencia, cobra mayor importancia la campaña No + sangre, que a partir de hoy va a extenderse e intensificarse, con vistas a la concentración del próximo domingo 8 de mayo en el Zócalo, que recibirá a los caminantes silenciosos de Cuernavaca, a cuyo encuentro acudiremos miles y miles de capitalinos. Ese día, por el bien de todos, debe comenzar una nueva etapa de la lucha contra la guerra estúpida e hipócrita, que sólo estaremos en verdaderas condiciones de terminar cuando laolinarquía que se nutre de ella sea echada del poder.

Carta a los romanos

Mañana, Felipe Calderón Narcofosa asistirá a una reunión de negocios en el Vaticano. Los amigos de México en Roma, aquellos que contemplan con horror el genocidio que nos han condenado a sufrir indefinidamente pero que, nos lo garantizan desde ahora, se prolongará todavía muchos años, podrían manifestar su repudio al principal responsable de esta catástrofe, imitando, por ejemplo, a los ingeniosos y valientes activistas de Cuernavaca que, hace algunos días, tiñeron de rojo las aguas de la fuente de la paloma de paz.

Roma, cari amici, es la ciudad de las fuentes. Y para convertirlas en una metáfora y al mismo tiempo en una denuncia del baño de sangre que nos ahoga, se necesita poner en práctica un procedimiento muy sencillo. Para no envenenar a los pajaritos, a las abejas, a las mariposas, pero tampoco a los perros y gatos sin dueño que calman su sed bebiendo el agua de las fuentes públicas, los de Cuernavaca utilizaron pintura vegetal color rojo grosella, que sirve para decorar pasteles y no contamina.

Imaginen el efecto que lograrían, amigos romanos, al solidarizarse con nuestro desdichado país, si tiñeran la fontana di Trevi, las de Piazza Navona y Piazza di Spagna, y tantas más. A la mejor, si lo hacen y la prensa lo difunde, en otras grandes ciudades de Europa y de América Latina, donde México tiene tantos amigos, otras personas podrían animarse a decorar las fuentes más cercanas a su corazón, por ejemplo, la del bulevar Saint-Michelle, a la salida del metro del mismo nombre en París, o la de Cibeles en el corazón de Madrid, o las de las Ramblas allá en Barcelona, o las de Plaza Cagancha en Montevideo, o la hermosa y siempre concurrida de la placita Serrano en Buenos Aires, por mencionar algunas.

Sería una trágica pero hermosa forma de recordarle al mundo –sobre todo en los países que exportan pobres a Estados Unidos a través del territorio mexicano, donde éstos son víctimas de la policía, los narcos, los traficantes de órganos y de personas, pero también de los policías federales y un largo etcétera– que si bien el agua dulce brota del fondo de la tierra, se mancha de sangre inocente al pasar por las narcofosas, y las fuentes no deben disimular con su belleza hipócrita lo que nos está sucediendo.

Porque es injusto. Porque es inhumano. Y porque no tiene ninguna razón de ser. Si se atreven a teñir sus fuentes, amici di Roma, tengan presente que por cada metro cúbico de agua se requiere un kilo de anilina. Además, la visita de Calderón a Benedicto XVI coincidirá con las fiestas del 1º de mayo.A presto!

miércoles, 27 de abril de 2011

Los movimientos sociales y el 2012

Los movimientos sociales y 2012
Víctor Flores Olea
L

a reforma en México de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de utilizar a las fuerzas armadas en actos de represión contra los movimientos sociales, cuando se consideren una amenaza a la seguridad interior, que entraña la suspensión de las garantías individuales, tiene todas las características de un mandato fascista y autoritario, ya que se otorga al Ejecutivo la decisión de cuándo y cómo utilizar al Ejército, sin ninguna de las condiciones de autorización que ahora dispone la Constitución General de la República por parte del Poder Legislativo (al menos los artículos 29 y 73).

Por supuesto que tales normas son ya en gran medida letra muerta, ya que laguerra contra el crimen organizado, con la salida masiva del Ejército a las calles de gran parte de la República, se efectúa sin cumplirse ninguno de los requisitos constitucionales. Pero, según ha sido señalado, la reforma propuesta dejaría en las libres manos del Ejecutivo actuar a discreción y juzgar si un determinado movimiento social constituye una amenaza a la seguridad interior del país. Estamos regresando al tiempo del delito de disolución social, que no sólo propició en los años sesenta y antes innumerables crímenes y arbitrariedades de corte fascista, sino que condujo a la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco.

Con esta iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, el Ejecutivo se prepara y vela ya sus armas para lo que pudiera ofrecerse en 2012. Porque la reforma no sólo se refiere a la actualguerra contra el narcotráfico, sino que se dicta en previsión de lo que pueda acontecer políticamente el año que viene, considerando sobre todo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de Andrés Manuel López Obrador, que podría ser no sólo una amenaza a la seguridad interior del país, sino un peligro cierto para los resultados electorales presidenciales próximos, en que perdería tal vez su poder político y económico el estamento de los intereses que dominan el cuerpo de la nación.

Hace cinco años se aplicó eldesafuero a AMLO, pero ahora llega esta nueva legislación de seguridad nacional reformada para abrir a voluntad el camino de la represión a los movimientos sociales, que son esencialmente políticos, y que también darán lugar a innumerables violaciones de los derechos humanos. Vivimos en una mayúscula incertidumbre de seguridad cívica y política.

Estamos en un tiempo en que en muchas partes se precipitan los movimientos sociales que exigen libertad, democracia, fin de las dictaduras, nuevas perspectivas económicas. Tenemos el ejemplo más reciente en los países del norte de África: Túnez, Egipto, Libia, y en un buen número de los de Medio Oriente. Revueltas al borde de la revolución, cuyas características vale la pena precisar, ya que se trata de verdaderas experiencias universalesque no pueden pasar desapercibidas.

Diría que dos son las identidades fundamentales de esos movimientos (del que no escaparía el de López Obrador): uno, que sobre todo hayan sido promovidos por jóvenes (las últimas generaciones han estado en su vanguardia), y el hecho de que, al parecer, ninguno de ellos haya sido dirigido por un partido político específico, y menos por alguna especie de comité central con una cabeza pública y notoria.

Subrayemos este aspecto: desde hace algún tiempo, en todas partes del mundo, las más importantes transformaciones han derivado de movimientos socialesrelativamente espontáneos y no de laingeniería revolucionaria puesta a punto por los partidos políticos, desde luego no por los partidos de izquierda en general y menos por los partidos comunistas. Eso sí, en innumerables ocasiones éstos se han sumado a los movimientos sociales, tal vez marcándoles de un contenido más radical, y probablemente participando en momentos avanzados de los mismos y contribuyendo a su orientación y organización definitivas. Creo que pudieran mencionarse algunos ejemplos latinoamericanos (Bolivia, Ecuador, Venezuela) y de otras regiones.

Tales características han proporcionado a los movimientos sociales fuerza y debilidad: fuerza porque es imposible detenerlos o desbaratarlos eliminando sus cabezas u organizaciones de vanguardia, que no tienen: susconsignas movilizadoras han aparecido en el movimiento mismo y en su desarrollo se refuerzan y cobran nuevo sentido, no se debilitan. Pero eseespontaneísmo resulta también a la postre su debilidad, puesto que no hay una forma organizada prevista de antemano, sino que el movimiento y sus objetivos resultan siempre cambiantes y tal vez demasiado plásticos. Es la dinámica del movimiento la que precisa objetivos, finales y provisionales al mismo tiempo. A diferencia de lo anterior, el movimiento de López Obrador ha formulado ya un Proyecto Alternativo de Nación que constituye su programa y suplan maestro esencial.

Otro elemento que los aproxima es el hecho de que la revolución tecnológica actual, con sus intensos canales de comunicación, tiende a extender y a intensificar los lazos y el impulso entre quienes buscan objetivos semejantes. No hay duda de que tales medios intensifican la presencia de los movimientos, propiciando su dinamismo y ampliando su dimensión.

Me interesa subrayar que en este tiempo los movimientos sociales son laclave de las transformaciones, sin decir que han desaparecido otras formas organizativas como los partidos, pero teniendo éstos hoy una función política, digamos, subalterna. En el caso de México la actualidad de un movimiento social como Morena pudiera ser decisiva en 2012. Y al traer consigo los peligros represivos que señalamos antes, convertirse en algo así como la chispa que incendiaría la pradera





























































































Gobierno militar

Gobierno militar
John M. Ackerman


MÉXICO, D.F., 25 de abril.- Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país. En lugar de escuchar el reclamo popular de “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población.

La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional.

De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que “las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las ‘autoridades civiles’) y 133 (que otorga a los tratados internacionales la calidad de ‘ley suprema’) constitucionales”. Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado.

El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Saynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos.

Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente.

Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi ha dado a los rebeldes libios.

La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar. l

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman


Fuente: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/90609

lunes, 25 de abril de 2011

Pactar con el narco

Buenísimo artículo de José Gil Olmos, resalto en negritas tres párrafos que me parecen una síntesis de la situación actual de decadencia en México.

Pactar con el narco
José Gil Olmos

MÉXICO, DF, 6 de abril (apro).- No hay un solo lugar en el país donde no exista la presencia del crimen organizado. Lo mismo lo vemos en los niños y jóvenes que son reclutados como halconeso sicarios que en las familias enteras que han hecho de sus casas tienditas, donde, día y noche, se surte de drogas a los adictos de todas las clases sociales. También lo vemos en el campo, donde se prefiere sembrar amapola o mariguana que maíz, y en las ciudades, donde los criminales son capaces de bloquear avenidas y calles.

Los grupos del crimen organizado han hecho de México su territorio y se disputan todos los días las plazas como lo hacen los grandes emporios monopólicos. Sólo que en lugar de spots y de marketing político, usan metralletas, granadas, bombas y todo tipo de armas para marcar su territorio con señales de miedo (colgados, mutilados, etcétera), creando un imperio de terror.

Si ponemos un mapa del país sobre la mesa y usamos un color para identificar cada uno de los principales grupos del crimen organizado --cárteles del Golfo, Sinaloa, Juárez, Zetas, Beltrán Leyva, La Familia y los Valencia--, veríamos cómo cada uno de ellos domina una región y a veces los colores se mezclan o combinan en ciertas áreas que son las más disputadas, como Ciudad Juárez, Acapulco, Reynosa, Cuernavaca, Torreón, entre otras, ya sea porque son de producción de drogas o son mercados rentables de consumo o porque son los mejores espacios de tránsito.

Siguiendo las pautas clásicas del modelo capitalista, el narco mexicano, como lo fue en su momento la mafia italiana y la norteamericana, ha ido evolucionando poco a poco y, de ser productores y transportistas de droga, ahora han incursionado en el tráfico de inmigrantes, de niños y mujeres, de armas y de ropa, de autos y de música y películas. También en el cobro de impuestos, la extorsión y la prostitución.

La expansión de estos grupos ha hecho del crimen una industria que genera hasta 30 mil millones de dólares anuales, según cifras de El Colegio de la Frontera Norte. Dinero que, sin duda, inyecta dinamismo a la economía nacional.

No es casual ni un error, entonces, que la revista Forbes haya incluido a Joaquín Guzmán Loaera, El Chapo, en su lista de los hombres más ricos del mundo, porque en realidad el sinaloense es uno de los participantes más destacados en la generación del capital, del modelo económico basado en la libre circulación de mercancías en todo el mundo.

Tampoco es casual que para una juventud que no tiene muchas posibilidades de empleo, educación y de progreso personal y social, la figura exitosa del narcotraficante sea el modelo a seguir. Es preferible vivir 20 años con dinero, mujeres y auto, que viejo, enfermo y pobre, es la idea que ha permeado en muchos de los jóvenes mexicanos que son reclutados por el crimen organizado.

La pobreza, el desempleo y la falta de espacios educativos están generando el Ejército de reserva para los distintos grupos criminales que ofrecen sueldos atractivos para quienes no tienen un horizonte de esperanza en su vida.

Pero no sólo a la juventud la están cooptando, también a los policías y soldados, a profesionistas y comerciantes, a inversionistas y especuladores financieros y, sobre todo, a las autoridades atraídas por el dinero fácil.

El sistema de corrupción que por años ha sido alimentado por todos y cada uno de nosotros, es el mejor terreno para el florecimiento de la sociedad narca, de la sociedad mafiosa, en la cual las instituciones políticas, sociales, económicas y religiosas tienen una responsabilidad, ya sea por acción o por omisión.

El crimen organizado ya tiene hoy en día un poder enorme y eso nadie puede negarlo. La guerra declarada por Felipe Calderón ha incrementado más ese poder, y lo ha fortalecido al no derrotarlo. Así suele pasar en cualquier guerra. Lo que no mata, fortalece.

Ante este panorama, plantear un acuerdo con el crimen organizado para detener la violencia a la que nos ha sometido resultaría un error de graves consecuencias en el futuro. Sería darles más poder, empoderarlos aún más, erigirlos como verdaderas autoridades y darles la legitimidad. Significaría cederles terreno y poderes reales.

Esto es lo que en el fondo quieren. Crear un “cogobierno” y compartirlo con el poder político. La tentación para el próximo presidente de la República es precisamente ésa, caer en la idea de realizar un pacto con alguno de los grupos del crimen organizado y, mediante una autorregulación de los propios cárteles, alcanzar la paz que tanto exigen los mexicanos.

Pero esto significaría darles las funciones que el Estado tiene como atribuciones, como es la seguridad, el territorio y el cobro de impuestos. Y esto representaría el surgimiento de un Estado paralelo.

El miedo, el terror y el agobio nos están orillando a pensar que la salida a este infierno es el pacto con el narco, y no hay nada más falso e ilusorio que creer que éste tiene el código de honor como para respetar ese pacto si se llegara a hacer. Al contrario, se le estaría otorgando una licencia para seguir matando y para seguir edificando el imperio de terror en el que se basa su poder.




Pueblo cucapá: entre el terremoto y la represión

Pueblo cucapá: entre el terremoto y la represión
Jaime Martínez Veloz
A

un año del terremoto de más de 7 grados que sacudió al valle de Mexicali y que tuvo como epicentro la zona donde se asienta el pueblo indígena de Cucapá El Mayor, las cosas van de mal en peor. El terremoto ocasionó daños severos a la mayoría de sus viviendas y al sitio de desembarque que utilizaban como acceso al mar los pescadores indígenas, principal fuente de ingreso de los integrantes de la esta comunidad.

El movimiento que sufrió el subsuelo significo la inundación del camino de acceso, sin que hasta ahora el gobierno haya hecho los trabajos de rehabilitación, por lo que los pescadores indígenas agrupados en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cucapá Chapay Seisjhiurrar Cucapá solicitaron a las autoridades federales que se autorizara un nuevo sitio de desembarque en el golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, las cuales por exceso de burocracia no respondieron oficialmente, pero se comprometieron a que esto lo subsanarían internamente, por lo cual los indígenas no tendrían problemas para realizar sus actividades de pesca.

La temporada de pesca de la curvina en el golfo de California se inicia en el mes de marzo y finaliza en abril, por lo que el sitio de desembarque se empezó a utilizar normalmente con la presencia de inspectores que de manera regular revisan las matrículas de las embarcaciones y los permisos de pesca. Los pescadores cucapás cumplían tales requisitos, sin recibir observación alguna por parte de las autoridades. Sin embargo la tranquilidad de los pescadores se vio violentada el día 12 de abril, al hacer presencia funcionarios de la Conapesca, quienes levantaron una acta de decomiso a un pescador indígena por estar descargando curvina en el sitio, argumentando que no estaba autorizado. La presencia de estos funcionarios estuvo acompañada por más de 20 elementos de la Armada de México; el encuentro se volvió ríspido por las formas en que respondieron los funcionarios al ser grabados en video por parte de los pescadores al momento del levantamiento de la sanción. Véase en YouTube Mujer Conapesca burlándose de los pescadores cucapá.

Nuevamente el 13 de abril en un barco de 20 pies de eslora inspectores de Conapesca y elementos de la Armada detuvieron a dos pescadores cucapás al querer descargar la curvina en el sitio de desembarque. Al enterarse otros pescadores indígenas, se arrimaron en sus pangas a reclamar la acción, y sostener que habían hecho la petición con tiempo para la autorización del sitio de desembarque. La prepotencia subió de tono, acusándolos de ser indios ignorantes por parte de las y los funcionarios. Al calor de la discusión el responsable de los elementos de la Armada dio la orden de arribar a las embarcaciones de los indígenas, situación que provocó, al brincar uno de ellos en una de las lanchas indígenas, el que soltara un disparo de arma larga del marino, se soltó un segundo disparo y se dio la orden de detenerlos, sometiendo a los pescadores a golpes y culatazos y encañonando a más de uno con las armas en la cabeza, incluidas mujeres y un menor. Ocho pescadores fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la PGR de San Luis Río Colorado, acusados de daños contra la nación e intento de homicidio (sic). Éstos fueron liberados 72 horas después gracias a movilizaciones de la sociedad civil local, nacional e internacional, aunque sus cinco embarcaciones, con motores, redes y la pesca, siguen confiscadas en Puerto Peñasco.

La lucha de los pescadores cucapás por el derecho a sus recursos naturales, y particularmente en la zona del delta del Colorado, en el Golfo de California, se ha venido agudizando en los últimos 50 años, al verse en principio invadidos por pescadores no indígenas, quienes por mucho tiempo han peleado la concesión de permisos; el convenio entre Estados Unidos y México sobre el uso del agua del río Colorado implicó que su zona tradicional de pesca, la laguna salada, se secara, teniendo que verse orillados a pescar en las aguas del golfo. Posteriormente, con la declaración de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, realizada en 1995 con el fin de preservar especies marinas en peligro de extinción creando áreas protegidas, que han propiciado que la comunidad indígena pasara a tribunales desde las instancias de gobierno del medio ambiente, legislaturas del Congreso local y las instancias de derechos humanos. Sus demandas ya se encuentran en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales, instruyendo al gobierno mexicano a la celebración de una consulta para establecer mesas de diálogo entre el gobierno y el pueblo indígena cucapá (2010).

La situación se está volviendo insostenible para estos pueblos, donde temporada tras temporada se dedican a la actividad tradicional pesquera y año tras año sufren detenciones ilegales, violación de sus derechos y enfrentamientos con las autoridades del gobierno federal, responsable directo de la violación del Convenio 169 de la OIT, en donde se manifiesta el derecho que tienen los pueblos indígenas al respeto de sus prerrogativas colectivas en el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales y de su territorio.

Queda claro que el incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés pactados con el EZLN seguirá prohijando situaciones como la que aquí se narra, por lo que urge el cumplimiento de los mismos, antes de que se produzcan resultados de mayor gravedad.